La asistencia judicial internacional y la cooperación entre los Estados son herramientas clave para superar los obstáculos que pueden surgir debido a la falta de tratados de extradición.
Un país (denominado «país requerido») solicita la extradición de un individuo que se encuentra en otro país (denominado «país requerido»).
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Asumiendo que puedas ingresar y luego elegir vivir ahí, esos serían los lugares en los que evitarías casi por completo la extradición. Algunos ejemplos de estos países son Cuba (aunque los recientes debates políticos han cambiado ello), Corea del Norte, Irán y Bután.[five] X Fuente de investigación
Si puedes demostrar que lo que hiciste no es un delito reconocido en un país u otro, es posible que puedas evitar la extradición.[22] X Fuente de investigación
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Esta situación plantea un desafío para la justicia mexicana, ya que dificulta la posibilidad de traer de vuelta a criminales que han huido a estos países, y pone en evidencia la necesidad de establecer acuerdos de extradición más amplios y efectivos.
A los criminales que huyen de Estados Unidos a países donde no existen tratados de extradición no se les puede obligar a regresar para ser procesados.
España, como muchos otros países, se enfrenta al desafío de lidiar con individuos que han cometido delitos graves pero que se encuentran protegidos en naciones que no tienen tratados de extradición con nuestro país. En este artículo, exploraremos cuáles son esos países y cómo esta situación afecta a la justicia española.
Arabia Saudita: Aunque España ha solicitado la extradición de personas buscadas por delitos graves, no hay un acuerdo official de extradición con este país.
Tras ella se dictó la prisión preventiva de Villegas y la fiscalía recurrió inmediatamente a la Corte de Apelaciones de Santiago, a fin de que se tramite lo más rápido posible -por medio de la cancillería- la extradición.
A pesar de que España ha solicitado la extradición de varias personas relacionadas con este caso, las autoridades rusas se han negado a entregar a los acusados, alegando que la Constitución rusa prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
Esta falta de acuerdo de extradición puede ser considerada como un obstáculo para la justicia, ya que dificulta la persecución y enjuiciamiento de individuos que se encuentran en países sin tratados de cooperación con España.
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